Nota Siete

Reformatio in peius

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Un alumno, tras conocer la calificación provisional de su examen solicita ser atendido por el profesor para que éste le explique el motivo de dicha calificación. En otras palabras, solicita de su profesor la motivación de su decisión, la ratio decidendi. Tras la discusión de su calificación, resulta que el profesor advierte varios errores en la corrección y decide bajar dicha calificación provisional. ¿Es esto lícito?

La ética y el sentido común, como poco, me dictan no obrar así jamás.

Pero es que además, según yo me atrevo a opinar, aún sin ser jurista y asumiendo el riesgo a equivocarme, la relación alumno-profesor se enmarcaría en la relación persona-administración pública, por lo que debería estar sometida a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Según el artículo 89.2:

«En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.»

y según el artículo 113.3:

«El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial

Por tanto, el profesor no puede bajar la calificación provisional del alumno, ya que no puede agravarse su situación inicial (principio de prohibición de la reformatio in peius).

Imaginad lo que significaría permitir la reformatio in peius, un claro instrumento de coacción que en manos de algunos profesores de seguro disuadiría a muchos alumnos que no estuviesen del todo convencidos de la solidez de sus argumentos. Y la coacción está recogida en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, como delito (artículo 172.1) o como falta (artículo 620.2), según su gravedad.

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Written by Juan Miguel León-Rojas

octubre 8, 2010 a 12:02 am

Publicado en Derecho

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